WiLeaks: Perú negocia acuerdo que facilita a transnacionales millonarias
indemnizaciones
El Acuerdo Trans-Pacífico que negocia Perú a puerta cerrada junto con otros
11 países, entre ellos EEUU, permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos
en el ISDS (solución de controversias inversor–Estado) y solicitar millonarias
indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes sin haber agotado antes las vías
legales internas, otorgando así a los inversionistas extranjeros más derechos
que a los nacionales.
El capítulo de Inversiones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés), filtrado por Wikileaks en exclusiva para Perú a La
República, revela que contrariamente a lo prometido por la administración
Obama, el Acuerdo Transpacífico refuerza y amplía el sistema legal del ISDS y
eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los
gobiernos soberanos.
El capítulo filtrado, fechado el 20 de enero de este año, habría sido visto
durante la ronda de negociaciones llevada a cabo en Hawaii entre los días 9 y
15 de marzo, En sus 55 páginas aborda no sólo compensaciones por expropiaciones
directas o indirectas, sino también por pérdidas en el caso de conflictos
sociales o por cambios en la legislación financiera, ambiental o de salud
pública que los inversionistas consideren que afectan sus expectativas de
negocio.
Este documento consolida y expande los derechos empresariales reconocidos
en el TLC bilateral firmado por Perú, al amparo del cual en 2011 Renco Group
Inc (propietaria de Doe Rum) presentó una demanda “inversionista-Estado” contra
nuestro país en la que exige el pago de una indemización de 800 millones de
dólares e intenta evadir una demanda judicial ante un tribunal de EEUU
presentada por 70 habitantes de la Oroya por daños a su salud.
A pesar de este antecedente, Perú ha aceptado someterse a la juristicción
de este tribunal de arbitraje. Según el texto filtrado, sólo Australia ha
expresado su voluntad de no estar bajo su jurisdicción, aunque una nota al pie
indica que podría hacerlo bajo determinadas condiciones.
Según el capítulo de inversiones, nuestro país no ha presentado
salvaguardas a ninguna de sus disposiciones, algo que si ha hecho el vecino
Chile, quien en los anexos protege el derecho de su Banco Central a preservar
sus facultades para limitar o restringir las transferencias de capitales desde
y hacia Chile.
Las rondas de negociaciones del Acuerdo Transpacífico son realizadas con
total hermetismo por los 12 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, EEUU,
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), lo que lo convierte
en el más amplio y polémico acuerdo comercial llevado a cabo hasta la fecha ya
que representa un 40% del comercio internacional y sus disposiciones podrían afectar
a casi 800 millones de personas.
Debido a que la sociedad civil no tiene acceso a las negociaciones, la
información existente sobre su contenido proviene de consecutivas filtraciones
difundidas por Wikileaks de capítulos como el de Propiedad Intelectual, cuyas
disposiciones podrían encarecer en los países firmantes los medicamentos debido
a la ampliación de patentes y también restringir la libertad de los ciudadanos
en internet.
Pérdida de soberanía en salud pública y medioambiente
En el caso del capítulo de Inversiones, esta es la segunda filtración y
elimina según la organización Public Citizen importantes salvaguardas
relacionadas con salud pública, seguridad y medioambiente propuestas en el
primer documento, hecho público a través de otra filtración en junio de 2012.
La primera versión del texto, según señala esta organización no
gubernamental estadounidense, incluía una disposición que establecía que los
actos regulatorios de los países para salvaguardar el bienestar público en
áreas de seguridad, salud y medioambiente no constituían expropiación
indirecta. Sin embargo, la actual versión difundida hoy socava este intento de
salvaguarda al considerar que estos actos regulatorios podrían ser sujetos de
indemnización “en circunstancias excepcionales”, dejando a la arbitrariedad del
tribunal de arbitraje decidir cuando las leyes de un Estado en este área
constituyen una expropiación indirecta.
Otra posible grave consecuencia advertida por Public Citizens sería el
hecho de que las compañías farmacéuticas podrían demandar ante estas instancias
de arbitraje a los Estados en el caso de que consideren que han sido dañados
sus derechos a la Propiedad Intelectual, algo que no contempla el Acuerdo de
los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), al que no pueden concurrir los inversionistas. Nuevamente,
Australia es el único país que se opone a la jurisdicción de el ISDS en el caso
de tratamientos farmacéuticos y médicos considerados de interés público.
Lea mañana en la edición impresa de La República las posibles implicancias
para nuestro país del capítulo de inversiones del Acuerdo Transpacífico.
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